por laura alcoba
El próximo 28 de junio habrá elecciones. Las opciones posibles no son más que dos: optar por la estrategia que conducen unilateralmente los grupos concentrados de poder, o apoyar un proceso que -con contradicciones- viene postulando y concretando ciertas estrategias que vislumbran la posibilidad de un futuro diferente.
Desde el lugar que nos toca, como militantes políticos insertos socialmente en diversos ámbitos del campo popular, estamos convencidos de algo: el proceso iniciado en 2003 se mejora con la profundización de ese recorrido. Por lo tanto, no seremos ni propulsores de volver a la argentina agroexportadora de un monocultivo o extractiva, ni convalidaremos la perversa lógica de un patrón de acumulación con eje en la valorización financiera, que ya dio cuentas suficientes de su cinismo.
La reactivación del aparato productivo (sostenida sobre la aplicación de tipos de cambio diferenciados, salarios bajos y retensiones) puso un límite al modelo de des-industrialización iniciado con la dictadura militar, que posibilitó la reconversión de parte del tejido social sobre la base de la recuperación del empleo.
La reafirmación de la centralidad del trabajo -como eje de desarrollo- nos sitúo nuevamente y reactivo, en nosotros, las dormidas ilusiones que nos limitaban incidir en los enfrentamientos fundamentales de nuestra sociedad, es decir, en la defensa del empleo y el salario -la pelea por la acumulación y distribución del excedente que produce la economía.
En ese andar, los grupos económicos fueron reacomodándose en función del único valor que reconocen como válido: la tasa de ganancia. Los trabajadores -con la experiencia funesta de la historia reciente- se vieron acorazados por los peligros que están latentes y al orden del día: el fin del trabajo, vivenciando el empleo más como bendición que derecho constitucional.
El otro actor -eje fundamental en las modalidades de apropiación de la renta- lo constituye el Estado, que incide necesariamente en esta lucha, facilitando o favoreciendo a determinados sectores en disputa. El ejercicio de gobernabilidad se concretiza justamente en función de esos apoyos que logra aglutinar, a partir de lo cual termina por concretarse un patrón de acumulación a escala nacional, mediante subsidios, reglamentaciones, leyes o acuerdos políticos.
Ahora bien, tras la devaluación -o salida del infierno- al Estado le fue posible combinar ambas parte, alentando diversas política de incentivo a la producción que reactivaron la economía y generaron empleo. Las condiciones del mercado mundial favorecían esa avenencia entre las diversas fracciones del capital (industria, campo y servicios) y los sindicatos, al punto tal que se pretendió darle institucionalización en el denominado “Acuerdo del Bicentenario”.
Esta iniciación de crecimiento (no desarrollo) en castigadas naciones del tercer mundo, pronto se vio perturbada por la crisis del sistema económico a escala global, llegando así la necesidad del Estado de intervenir sobre renta excedente para hacer frente a la crisis, garantizando la fortaleza fiscal y con ello posibilitar la continuidad de siete años de crecimiento sostenido.
Cuando la crisis mundial ya no es solo una amenaza, comienzan a vislumbrarse -en función de posibles escaladas de desempleo y apelaciones a limitar la tasa de ganancia- los frágiles acuerdos que sostenían al sector industrial al interior de esta conciliación de intereses. Las advertencias del Estado, arrastrado a sostener necesariamente la intervención en detrimento de ciertas fracciones del capital y sostener los niveles de empleo logrados, van socavando esas afinidades, no solo muestran el límite de la cooperación sino que desnudan la inconveniencia de los acuerdos que sostenían esa armonía y gobernabilidad.
En estos años, alrededor de 100 grandes empresas industriales se consolidaron como sector dinámico del crecimiento, concentradas en automotrices, agroalimentación (aceite de soja/balanceados) y siderurgia, cuyo eje principal de expansión está puesto en la exportación. En función de as ventajas comparativas estos grupos aumentaron de manera sustancial sus ganancias, generándose un proceso de concentración que va en detrimento de lo que consideramos oportuno.
Su perfil exportador -punto de alianza con los sectores “del campo”- les permite una capacidad de presión sobre el Estado en tanto son generadores de divisas y de empleo, habilitándoles en los últimos meses impulsar, como única alternativa a la crisis, la profundización de la competitividad mediante caída del salario o devaluación (a los ojos de la UIA significan lo mismo).
Si bien la tasa de ganancia de los líderes de la industria no se ha modificado demasiado con el advenimiento de la crisis, las medidas llevadas a cabo por el Gobierno fueron la promoción industrial hacia estos mismos sectores, a fin de poner coto a las amenazas de despido. Se debe sumar a esto, el escenario desfavorable para que los trabajadores repitan las paritarias que venían consolidándose al inicio de cada año, que aún están en suspenso, salvo en ámbitos del Estado -como es el caso de los docentes.
Cuando planteamos que el proceso llevado adelante por este Gobierno debe profundizarse, es una obligación para nosotros marcar la necesidad de apuntalar otros sectores de la producción. Siendo que “los ganadores” de este crecimiento se niegan a conceder parte de esas ganancias extraordinaria en inversión y contención del empleo. Es menester que se limite esa concentración en pocas manos, que los incentivos se canalicen hacia las PYMES, cuyo eje de expansión está puesto en el mercado interno. A la vez que pueden dinamizar su actividad a la producción de bienes de capital y creación de tecnología para la producción, lo cual permitiría mayor productividad a fin de lograr revertir la ecuación: crecimiento=salarios bajos como única alternativa de competitividad.
Son las buenas medidas, entendiendo la complejidad que oficia de contexto, las que nos obligan a votar a favor de este gobierno: mencionar la defensa del trabajo, postular la necesidad de redistribuir el ingreso, propiciar la inversión en investigación científica, intervenir con independencia de los grupos hegemónicos en los lineamientos de la política económica, propiciar la alianza con los países de la región y con otras naciones. Festejamos también la pelea -en el marco del G-20- que lleva a adelante la Presidenta para limitar las perversidades del juego financiero, alentando a que sea el puntapié para avanzar en mayores definiciones en la plaza local, en ese mismo sentido.
Reconocemos los esfuerzos, defendemos los lineamientos principales, nos enorgullecen muchas políticas de este gobierno, nos interpela Cristina Fernández de Kirchner en sus discursos y en muchos de sus hechos. Por eso mismo, es que estamos convencidos que para lograr “una Argentina para todos” es necesario avanzar.
Así mismo sabemos que las crisis no se resuelven con medidas administrativas ni técnicas, y que las preocupaciones al centro del debate no son sencillamente organizar o costear al sistema financiero, por lo tanto vamos a seguir propulsando la unidad como un imperativo de nuestras acciones, generando organización política y movilización social, para que después del 28 de junio podamos profundizar en estas cuestiones.
1- Se estima en términos del PBI, que la participación de estas 100 empresas paso de representar el 38% al 44% del producto, niveles incluso superiores a los de la década del ´90.
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