por facundo borzone.
delegado de la Comisión Interna de S.A.T. S. A. LD canal 9
Actualmente el 51% de lo que se transmite de lunes a viernes por Canal 9 no se produce en el país. Ese porcentaje alcanza el 80% y el 65% los sábados y domingos respectivamente. Por eso desde hace dos años los trabajadores y trabajadoras de Canal 9 sostenemos este reclamo: “no al vaciamiento y la extranjerización”.
Es que en diciembre de 2006, Angel Remigio González González compró el 80% del paquete accionario de la sociedad que explota la licencia de radiodifusión por la cual emite canal 9 (Telearte S.A.). A mediados de 2007 adquirió el 20% restante. Y a partir de ese momento empezó la mutación de Canal 9 en una repetidora de lo que se conoce como “latas” extranjeras. El actual dueño es de nacionalidad mexicana y posee ciudadanía estadounidense. Es titular de 80 radios y 30 canales de TV en Latinoamérica.
Aunque el dictatorial Decreto-Ley de radiodifusión le permite el acceso a una licencia de radiodifusión a extranjeros en el caso de tener cinco años de residencia en el país, esto queda sin efecto por el “Tratado suscripto con los Estados Unidos de América sobre la promoción y protección recíproca de las inversiones”, celebrado en el año 1992. Es este mismo Tratado el que debilita el alcance de la Ley 25.750 de Bienes Culturales, que impide que la participación extranjera supere el 30% de las acciones de una empresa de medios de comunicación, pero González González gracias a su ciudadanía puede acceder al 100%.
La estrategia de este empresario es comprar los derechos de novelas centroamericanas para emitir en todas sus señales. Por lo tanto, en Canal 9, de los nueve estudios (que ocupan 5.500 m2) sólo se utilizan 2 para producciones propias, lo que genera escasez de trabajo para los técnicos como así también para actores y extras. A la vez que no hay espacio en la pantalla para ningún contenido relacionado con la cultura nacional.
El espacio radioeléctrico, a través del cual se emiten las señales de radio y TV, es limitado y pertenece a la comunidad, es patrimonio común de la humanidad. Por eso que en todo el mundo es administrado por los Estados Nacionales. Por lo tanto el acceso a la explotación de estas señales debería estar al alcance de todos los sectores de la sociedad, debería generar fuentes de trabajo en el país y estar al servicio de la difusión de la cultura de los diferentes grupos sociales que habitan nuestro territorio.
Este tipo de cosas son las que contempla el Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que redactó el Gobierno Nacional en base a los 21 puntos básicos propuestos por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que contempla altas cuotas de producción nacional y reserva del 33% de las frecuencias para las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.
Esto último cambiaría el panorama comunicacional actual, ya que se escucharían las voces populares, que hoy están silenciadas en los medios. Por lo tanto, para que se sancione una nueva Ley de Medios de Comunicación el compromiso no debe ser solo de quienes trabajamos en ellos, sino de toda la comunidad.
Es que en diciembre de 2006, Angel Remigio González González compró el 80% del paquete accionario de la sociedad que explota la licencia de radiodifusión por la cual emite canal 9 (Telearte S.A.). A mediados de 2007 adquirió el 20% restante. Y a partir de ese momento empezó la mutación de Canal 9 en una repetidora de lo que se conoce como “latas” extranjeras. El actual dueño es de nacionalidad mexicana y posee ciudadanía estadounidense. Es titular de 80 radios y 30 canales de TV en Latinoamérica.
Aunque el dictatorial Decreto-Ley de radiodifusión le permite el acceso a una licencia de radiodifusión a extranjeros en el caso de tener cinco años de residencia en el país, esto queda sin efecto por el “Tratado suscripto con los Estados Unidos de América sobre la promoción y protección recíproca de las inversiones”, celebrado en el año 1992. Es este mismo Tratado el que debilita el alcance de la Ley 25.750 de Bienes Culturales, que impide que la participación extranjera supere el 30% de las acciones de una empresa de medios de comunicación, pero González González gracias a su ciudadanía puede acceder al 100%.
La estrategia de este empresario es comprar los derechos de novelas centroamericanas para emitir en todas sus señales. Por lo tanto, en Canal 9, de los nueve estudios (que ocupan 5.500 m2) sólo se utilizan 2 para producciones propias, lo que genera escasez de trabajo para los técnicos como así también para actores y extras. A la vez que no hay espacio en la pantalla para ningún contenido relacionado con la cultura nacional.
El espacio radioeléctrico, a través del cual se emiten las señales de radio y TV, es limitado y pertenece a la comunidad, es patrimonio común de la humanidad. Por eso que en todo el mundo es administrado por los Estados Nacionales. Por lo tanto el acceso a la explotación de estas señales debería estar al alcance de todos los sectores de la sociedad, debería generar fuentes de trabajo en el país y estar al servicio de la difusión de la cultura de los diferentes grupos sociales que habitan nuestro territorio.
Este tipo de cosas son las que contempla el Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que redactó el Gobierno Nacional en base a los 21 puntos básicos propuestos por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que contempla altas cuotas de producción nacional y reserva del 33% de las frecuencias para las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.
Esto último cambiaría el panorama comunicacional actual, ya que se escucharían las voces populares, que hoy están silenciadas en los medios. Por lo tanto, para que se sancione una nueva Ley de Medios de Comunicación el compromiso no debe ser solo de quienes trabajamos en ellos, sino de toda la comunidad.
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