por agustín garone
Es inevitable recurrir al análisis de los procesos históricos que han depositado en esta situación a los jóvenes y a la sociedad en general. El proceso neoliberal no sólo generó aterradoras brechas de desigualdad económica sino que atomizó a la sociedad destruyendo sus vínculos al fragor de este proceso. Hoy la premisa impulsada por los medios masivos de comunicación, a la par de algunas propuestas de sectores dirigentes, pareciera ser “eliminen a estos delincuentes que no saben vivir en sociedad”. En realidad, no es más que la especificación de una premisa más amplia que desea correr de nuestra mirada, y borrar, a todo aquel excluido de 'la sociedad´.
¿De dónde vienen estos pibes?
Un joven de 14 o 15 años que hoy se encuentra a la deriva, nació en entre el año 1993 y 1994. Cuesta creer que este pibe pueda expresar “yo veía a mi viejo como se iba a trabajar a las 5 de la mañana” o “nunca nos faltó nada, mi vieja estaba siempre en mi casa con nosotros”. La destrucción del tejido social provocada en la anterior década es imposible de esconder. Este joven es aquel que vio a su padre perder el trabajo; que su madre dejaba solo, o con sus hermanos, para buscar la mínima subsistencia diaria; que fue despojado de condiciones dignas de existencia negándosele el acceso a: la salud, la educación, la vivienda. Este joven que, efectivamente, hoy vive en conflicto con la ley, es perseguido por la policía, vulnerado en sus derechos, discriminado por portación de rostro y sufre sistemáticos abusos de las fuerzas de seguridad. Y esto sólo es posible con el aval de una sociedad que no los quiere ver.
Jóvenes como este, a los que hoy tan livianamente se pretende depositar en la cárcel, son los hijos de la década del 90. Y los mismos que hoy piden más cárcel son aquellos que pregonaban el achicamiento del Estado, la libre competencia del mercado y las teorías del derrame que nunca derramaron. Muchos otros, que también hoy piden castigo a los menores, sólo priorizaban en aquel momento mantener las cuotas fijas en dólares mientras se desmantelaba al Estado y las condiciones de vida de gran parte de la sociedad.
¿A dónde van estos pibes?
Antes de caracterizar, brevemente, la situación carcelaria argentina es importante remarcar que los jóvenes excluidos socialmente por sus condiciones materiales de vida, los jóvenes pobres, o los denominados también “jóvenes en conflicto con la ley”, ya están presos. Cuando no presos de los límites forzosos de una villa que marca la diferencia y diferencia constantemente, aparecen los institutos de menores que se manejan con la misma lógica y son el paso previo a la cárcel. Así es que la mayoría de los jóvenes entre 18 y 21 años que se encuentran hoy en prisión comparten algunas características: son pobres y acarrean historias de institucionalizaciones tempranas.
Esto, claramente, no significa que la pobreza sea sinónimo de delincuencia, sino que el sistema penal es selectivo. Nuestro sistema penal elige, selecciona, a quienes va a perseguir y encerrar. Elige perseguir los delitos contra la propiedad, el pequeño tráfico de drogas y elige no perseguir el narcotráfico, las defraudaciones y estafas al estado, el lavado de dinero, y los vaciamientos financieros, por mencionar algunos. He aquí, tal vez, el verdadero “conflicto con la ley” de estos jóvenes.
Con esto se ve que muchos menores ya han pasado por experiencias de encierro que, al igual que la cárcel, hacen cada vez más lejana la posibilidad de la reinserción social, si es que es posible reinsertar a alguien que siempre estuvo afuera y, más aún, si es que esto es posible a través de un sistema penal de aislamiento, tortura y castigo. Las cárceles en argentina triplicaron su cupo en los últimos 20 años. Hoy hay cerca de 70.000 presos. El 65 % de los presos se encuentra sin condena firme, encontrándose privados de su libertad por un abuso judicial de la prisión preventiva. Las condiciones de vida de las personas dentro de las cárceles son inhumanas y degradantes. En un estado de superpoblación donde no se respeta ningún tipo de derecho humano, el sistema carcelario está colapsado. Qué nos haría pensar, entonces, que seguir ingresando personas a este sistema tendería a mejorar la conflictividad social.
¿Qué hacer?
A la par que se implantó un modelo neoliberal político, económico y cultural, el sistema penal cumplió, y cumple, la función de arreglar, “emparchar”, lo que el sistema socio económico desequilibra a través de los distintos proyectos políticos. Es innegable que existe una problemática social y sobre todopolítica, la respuesta a dicha coyuntura emergente, de ninguna manera puede ser de índole penal. Bajar la edad de imputabilidad parece ser la puerta abierta para legalizar los abusos, la discriminación y la persecución policial de los menores, que hoy ya existe solapadamente. En cambio, es necesario impulsar políticas que generen inclusión plena, sin pensar que esto sólo remite a un largo plazo, que no resuelve la situación actual. Para esto urge una justicia que no seleccione pobres, una policía que no abuse sistemáticamente de su poder frente a los menores, y una sociedad que no avale el gatillo fácil, y en cambio, se responsabilice de la coyuntura y de su proceso de emergencia. Se trata de un hacerse cargo de que muchas veces el miedo de que a “uno mismo” le pase algo, es directamente proporcional a la despreocupación porque al “otro” le pase algo. Para esto, es necesaria una decisión política de quienes han sido elegidos y tienen la facultad legítima para hacerlo; pero también requiere de una participación activa de la sociedad en la política. En estas discusiones, también se juega qué país se anhela, qué sociedad se quiere.
Es necesario un debate que plantee por qué la seguridad es sólo un reclamo legítimo de los que tienen la posibilidad de ser “ciudadanos, vecinos o ingenieros”.
diciembre 2008
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