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| Cecilia Calderón |
Acontecimientos recientes como la toma del Parque Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires o la ocupación de las tierras de la empresa Ledesma en Jujuy, dan cuenta de que el acceso al suelo urbano y a la vivienda digna de todas y todos los habitantes de nuestro país, es aun una deuda pendiente y por eso mismo parte del desafío de avanzar en la profundización del proyecto nacional y popular en marcha.
Ha habido en los últimos años una política activa de construcción de vivienda social por parte del Gobierno Nacional. Hay a la fecha cerca de 630.000 viviendas terminadas y 219.000 en ejecución. Sin embargo, aproximadamente 3 millones de hogares sufren actualmente problemas habitacionales en nuestro país como ser no sólo la falta de vivienda, sino también la precariedad de la misma, hacinamiento o informalidad habitacional.
En el fondo de la cuestión, la problemática del acceso al suelo urbano es, como todo el resto de los temas que se han puesto en cuestión en el marco del actual proceso político, un problema de quien se apropia de los recursos de nuestra nación y de lo producido colectivamente por la sociedad, si se apropian unos pocos a través de las leyes del libre mercado, o si el Estado interviene y establece medidas de regulación que permitan un acceso más equitativo de aquello producido colectivamente. En el caso particular del suelo urbano, lo que se pone en cuestión es, no sólo cómo se accede a una vivienda digna sino también a bienes y servicios urbanos de calidad (como la educación, la salud, el transporte, las oportunidades de empleo) que se concentran principalmente en las grandes ciudades, donde los sectores populares no tienen posibilidades de acceso formal.
Actualmente el acceso a una vivienda en un hábitat adecuadamente urbanizado son impuestas por las leyes de oferta y demanda del mercado inmobiliario pero cuya dinámica es orientada por el Estado. La idea de que el desarrollo inmobiliario es una cuestión de libre movimiento del capital privado se ha constituido en un mito propio del neoliberalismo. El Estado es un actor fundamental en la dinámica del mercado inmobiliario ya que cuando decide invertir en obras en ciertas zonas y no en otras, o en ciertas obras y no en otras, orienta la valorización de ese suelo. El valor del suelo y las condiciones para acceder determinan quienes pueden habitar esos espacios y quienes no, y genera, por un lado, que muchísimos ciudadanos sólo puedan acceder al suelo urbano y a la vivienda a través de la ocupación de tierras, de inmuebles abandonados o de suelo inadecuado en situaciones altamente precarias como son las villas y asentamientos. En paralelo, permite procesos especulativos que redundan en negocios millonarios de emprendedores inmobiliarios a costas de desalojos y expulsión de sectores populares. Esto ocurre porque la posibilidad de acceso a una vivienda digna en un hábitat adecuado esta sujeta a una lógica de compra venta propia de cualquier mercancía y, peor aun, la lógica especulativa del capital permite que algunos obtengan beneficios extraordinarios por el solo hecho de ser propietarios.
Esta situación genera profundos desequilibrios que resultan en una grave situación de segregación generando villas, asentamientos, casas ocupadas, población viviendo en hoteles y situación de calle. Y miles de ciudadanos viviendo en torres, barrios cerrados, countries, complejos, etc. produciendo ciudades divididas, fragmentadas, absolutamente desintegradas, injustas y desiguales.
La posibilidad de democratizar los procesos de acceso al suelo urbano y a la vivienda supone fundamentalmente una planificación territorial basada en medidas de regulación del mercado inmobiliario y una ampliación de la producción de suelo urbano. El problema no se soluciona sólo construyendo más casas sino regulando el mercado y urbanizando más suelo, construyendo Ciudad: ofertando lotes urbanizados, haciendo calles, transporte, cloacas, escuelas, guarderías, hospitales donde se construyen las viviendas sociales, urbanizando participativamente las villas y asentamientos, regularizando las tenencias informales asegurando la función social de las tierras habitadas para evitar la erradicación vía mercado. Gravando los inmuebles ociosos, estableciendo alquileres sociales, construyendo más vivienda social, promoviendo créditos para sectores de bajos ingresos, créditos colectivos para cooperativas, programas de autogestión de viviendas, son algunas medidas posibles y necesarias para avanzar en el cumplimiento del derecho a la vivienda digna en un hábitat adecuado para todos nuestros compatriotas.
Pero garantizar acceso al suelo y a la vivienda para todos y todas supone afectar intereses poderosos que reaccionarán ante los avances populares. Por eso es fundamental gestar una base social y organizada, con conciencia política y con la fuerza necesaria para sostener y defender medidas de avance y profundización. Desde la Corriente Política 17 de Agosto estamos convencidos de que con este Estado Presente, con la fuerte voluntad política de nuestra compañera Cristina, con la unidad de las organizaciones sociales y políticas, y con el protagonismo y la organización popular, lograremos superar la urgente necesidad de gran parte de nuestro pueblo de un lugar digno donde habitar en nuestra patria.
Ha habido en los últimos años una política activa de construcción de vivienda social por parte del Gobierno Nacional. Hay a la fecha cerca de 630.000 viviendas terminadas y 219.000 en ejecución. Sin embargo, aproximadamente 3 millones de hogares sufren actualmente problemas habitacionales en nuestro país como ser no sólo la falta de vivienda, sino también la precariedad de la misma, hacinamiento o informalidad habitacional.
En el fondo de la cuestión, la problemática del acceso al suelo urbano es, como todo el resto de los temas que se han puesto en cuestión en el marco del actual proceso político, un problema de quien se apropia de los recursos de nuestra nación y de lo producido colectivamente por la sociedad, si se apropian unos pocos a través de las leyes del libre mercado, o si el Estado interviene y establece medidas de regulación que permitan un acceso más equitativo de aquello producido colectivamente. En el caso particular del suelo urbano, lo que se pone en cuestión es, no sólo cómo se accede a una vivienda digna sino también a bienes y servicios urbanos de calidad (como la educación, la salud, el transporte, las oportunidades de empleo) que se concentran principalmente en las grandes ciudades, donde los sectores populares no tienen posibilidades de acceso formal.
Actualmente el acceso a una vivienda en un hábitat adecuadamente urbanizado son impuestas por las leyes de oferta y demanda del mercado inmobiliario pero cuya dinámica es orientada por el Estado. La idea de que el desarrollo inmobiliario es una cuestión de libre movimiento del capital privado se ha constituido en un mito propio del neoliberalismo. El Estado es un actor fundamental en la dinámica del mercado inmobiliario ya que cuando decide invertir en obras en ciertas zonas y no en otras, o en ciertas obras y no en otras, orienta la valorización de ese suelo. El valor del suelo y las condiciones para acceder determinan quienes pueden habitar esos espacios y quienes no, y genera, por un lado, que muchísimos ciudadanos sólo puedan acceder al suelo urbano y a la vivienda a través de la ocupación de tierras, de inmuebles abandonados o de suelo inadecuado en situaciones altamente precarias como son las villas y asentamientos. En paralelo, permite procesos especulativos que redundan en negocios millonarios de emprendedores inmobiliarios a costas de desalojos y expulsión de sectores populares. Esto ocurre porque la posibilidad de acceso a una vivienda digna en un hábitat adecuado esta sujeta a una lógica de compra venta propia de cualquier mercancía y, peor aun, la lógica especulativa del capital permite que algunos obtengan beneficios extraordinarios por el solo hecho de ser propietarios.
Esta situación genera profundos desequilibrios que resultan en una grave situación de segregación generando villas, asentamientos, casas ocupadas, población viviendo en hoteles y situación de calle. Y miles de ciudadanos viviendo en torres, barrios cerrados, countries, complejos, etc. produciendo ciudades divididas, fragmentadas, absolutamente desintegradas, injustas y desiguales.
La posibilidad de democratizar los procesos de acceso al suelo urbano y a la vivienda supone fundamentalmente una planificación territorial basada en medidas de regulación del mercado inmobiliario y una ampliación de la producción de suelo urbano. El problema no se soluciona sólo construyendo más casas sino regulando el mercado y urbanizando más suelo, construyendo Ciudad: ofertando lotes urbanizados, haciendo calles, transporte, cloacas, escuelas, guarderías, hospitales donde se construyen las viviendas sociales, urbanizando participativamente las villas y asentamientos, regularizando las tenencias informales asegurando la función social de las tierras habitadas para evitar la erradicación vía mercado. Gravando los inmuebles ociosos, estableciendo alquileres sociales, construyendo más vivienda social, promoviendo créditos para sectores de bajos ingresos, créditos colectivos para cooperativas, programas de autogestión de viviendas, son algunas medidas posibles y necesarias para avanzar en el cumplimiento del derecho a la vivienda digna en un hábitat adecuado para todos nuestros compatriotas.
Pero garantizar acceso al suelo y a la vivienda para todos y todas supone afectar intereses poderosos que reaccionarán ante los avances populares. Por eso es fundamental gestar una base social y organizada, con conciencia política y con la fuerza necesaria para sostener y defender medidas de avance y profundización. Desde la Corriente Política 17 de Agosto estamos convencidos de que con este Estado Presente, con la fuerte voluntad política de nuestra compañera Cristina, con la unidad de las organizaciones sociales y políticas, y con el protagonismo y la organización popular, lograremos superar la urgente necesidad de gran parte de nuestro pueblo de un lugar digno donde habitar en nuestra patria.
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