por cecilia calderon
Desde la recuperación de la democracia hasta el año 2007, si bien se sancionaron importantes normas de garantía al derecho a una vivienda digna, los sucesivos gobiernos de la Ciudad de Bs. As. se caracterizaron por la inexistencia de políticas que abordaran la problemática habitacional. Las intervenciones dirigidas a la población en emergencia habitacional consistieron en meras prácticas asistencialistas-clientelares que tenían como trasfondo ideológico la “tolerancia de los usurpadores” pero nunca el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda a los sectores que no podían acceder vía mercado
La llegada de Macri modifica profundamente esta tendencia a la desidia, al comenzar a implementar de manera drástica y contundente una política habitacional planificada que combina dos estrategias: Por un lado, el desplazamiento violento de los sectores populares que habitan las zonas de alto valor o en proceso de valorización, en función del desarrollo de los millonarios negocios del capital privado inmobiliario, del cual él es parte y cuyos intereses representa. Por otro, continua la indiferencia y el abandono estatal de aquellas zonas de precariedad habitacional que no están aún tan valorizadas (donde se ubican la mayoría de las villas del sur), por lo cual no cuentan hoy con ningún tipo de intervención del estado y son ignoradas por este gobierno que se ausenta completamente de estos barrios.
Villas del Norte (Villa 31, Saldías y Rodrigo Bueno): Estas villa están ubicadas en una de las zonas más caras de la Ciudad. Uno de los ejes de campaña de Macri fue el desalojo de la villa 31-31 bis, donde hoy habitan más de 25.000 familias. Actualmente se encuentra realizando una serie de intervenciones que imitan el “modus operandis” de la dictadura militar en su plan de erradicación de villas (impedir el crecimiento a través de clausura de corralones y prohibición de ingreso de materiales, generar desánimo a través de constantes cortes de servicios públicos, campañas de prensa par difundir argumentos por los cuales no podría urbanizarse la villa, etc).
Recorte Presupuestario. Ha disminuido un 50% el presupuesto destinado a vivienda social desde el 2008 hasta la actualidad. Se vació presupuestariamiente al IVC que era el organismo responsable de garantizar el acceso a una vivienda de los sectores populares. Vaciamiento de Programa para la Ley 341que incluye créditos individuales y créditos para cooperativas.
Regresividad de Programas de Asistencia. Se ha eliminado el programa de entrega de materiales por parte del Ministerio de Desarrollo Social que posibilitaba la autoconstrucción del hábitat popular. Han aumentado los requisitos de acceso al Programa de Emergencia habitacional del Ministerio de Desarrollo Social reduciendo la población destinataria.
Fragmentación de la política habitacional. Se divide en 3 organismos diferentes (Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Empresa Estatal Corporación Buenos Aires Sur S.E. y Unidad de Gestión e Intervención Social) lo cual obstaculiza las intervenciones y provoca confusión e incertidumbre sobre las responsabilidades de cada uno, dificultando la expresión de reclamos y necesidades.
Manejo arbitrario y discrecional de tierras: El Proyecto de Ley del PRO (Reforma de Ley 1251) determina el traspaso de las tierras de las villas del Sur, actualmente en manos del IVC, a la Corporación Buenos Aires Sur S.E, que por su forma societaria no está sometida a ningún tipo de control, por lo cual puede disponer de las mismas en función de sus intereses empresariales.
Deterioro de las condiciones en las Villas: Existe un profundo deterioro de los servicios públicos en las villas, e ínfimas obras de mejoramiento. No hay proyectos de construcción de nuevas viviendas, sino que sólo se están finalizando las iniciadas en la gestión anterior. Las pocas operatorias de adjudicación de viviendas a habitantes de villas, se realizan a través del maltrato y la arbitrariedad, de manera ineficiente y con gravísimas consecuencias ambientales.
Estos y muchos otros ejemplos dan cuenta de que la única variable que define el tipo y el modo de intervención del GCBA en la cuestión habitacional es la rentabilidad inmobiliaria, que los únicos beneficiados de estas políticas son los agentes inmobiliarios que tienen vía libre para desarrollar cada vez más viviendas de alta categoría y complejos comerciales, y que los únicos violentamente perjudicados son los sectores populares que no pueden satisfacer la necesidad vital esencial de tener un techo digno. La política habitacional que Macri define como “recuperación del espacio urbano” tiene una concepción de fondo: la ciudad no es para todos, es sólo para las clases medias y altas que la merecen. Hay que “recuperarla” de los usurpadores que no la merecen y que deben ser desplazados para permitir el usufructo de la “mercancía suelo” para la ganancia millonaria de unos pocos.
El capital inmobiliario se está cobrando el techo de miles de familias de nuestro pueblo. Es indispensable la unión y la organización para parar esta avanzada sobre las tierras de la Ciudad y la expulsión de los sectores populares.
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