Hacia una ley de medios de la democracia

La actual ley de radiodifusión es la de la última dictadura, la 22.280, implementada por un decreto firmado por los genocidas Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy en 1980. Esta ley, que responde a la Doctrina de la Seguridad Nacional , configuró hace veintinueve años un sistema de medios para que sólo las sociedades comerciales puedan acceder a licencias de medios. La comunicación es definida por esta legislación como un negocio.

Durante el menemato, se llevó adelante la Reforma del Estado. Entre los cambios estructurales que significó esa ley, se dio la modificación de la ley de radiodifusión, permitiendo la concentración mediática. El capital financiero pasó a ser actor fundamental en la propiedad de los medios, dando nacimiento a los Multimedios, es decir a la centralización en un grupo económico de un conjunto de medios de comunicación de distinta naturaleza (prensa gráfica, televisión y radio).

Este decreto ley desde cualquier punto de vista no se corresponde con la realidad actual. Desde la vuelta de la democracia que el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) se encuentra intervenido, ya que según la ley 22.280 su dirección debe estar a cargo de un hombre de cada Fuerza Militar. Las nuevas tecnologías, como la TV digital, que permitirán multiplicar el número actual de los canales de aire, si fueran implementadas sin una ley de la democracia, beneficiarían directamente a los monopolios.

En estos veinticinco años de democracia, más de setenta proyectos de ley de radiodifusión naufragaron en las comisiones de diputados del Congreso de la Nación. Los grupos concentrados de la economía supieron presionar para silenciar cualquier debate serio sobre la necesidad de democratizar las comunicaciones.

Pero en 2003 se conformó la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Sindicatos de trabajadores de prensa, radios comunitarias, organismos de derechos humanos, universidades nacionales, la CGT y la CTA , entre otros actores sociales, se unieron para discutir cómo debería ser una ley de radiodifusión de la democracia. De allí surgieron 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, documento que implica el mayor consenso de las organizaciones libres del pueblo en los últimos años.

El anteproyecto presentado por el Gobierno Nacional el 18 de marzo, como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual responde a estos 21 puntos. Fundamenta que la comunicación es un derecho esencial de los pueblos, que todas las expresiones de la sociedad deben poder acceder a licencias. Es por eso que se plantea que existan porcentajes iguales para las radios sin fines de lucro, las comerciales y las públicas. En el caso de la televisión, plantea un marco normativo anti-monopólico. El fútbol en vivo los domingos, por ejemplo, dejaría así de ser un lujo, ya que se deberán transmitir en canal de aire los partidos más importantes. Así también con la futura digitalización se abre un espectro para que organizaciones populares puedan construir medios propios. Propone, en fin, que otros actores formen parte del sistema de comunicaciones.

Creemos que es fundamental discutir este anteproyecto en la universidad, para enriquecer el debate que se está dando en todo el territorio nacional. Los multimedios están apostando a des-informar sobre este tema para frenar el tratamiento de la ley. Tienen el poder de la palabra masiva, pero el pueblo tiene el poder de la movilización.

No es una pelea sectorial, ni corporativa. No es una pelea del Gobierno con Clarín. Es una pelea del pueblo contra los monopolios. Si sólo el poder económico tiene la posibilidad de tener medios, la palabra pública, la agenda política, siempre estará en mano de los poderosos. Es por eso que es importante ampliar el debate, para concientizar sobre la necesidad un sistema de medios democrático y popular.

DISTRIBUCIÓN DE LA PALABRA = DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA