Ni derrame, ni goteo: Profundización

              

por laura alcoba

                        Cuando nos referimos insistentemente a la necesidad de profundizar el proceso que desencadena el Gobierno Kirchnerista a partir del 2003, deberíamos poder plasmarlo en una serie de puntos o lineamientos en base a los cuales avanzar, con los recaudos necesarios y concientes de la situación inicial. Al considerar las consecuencias de años de política neoliberal, resulta más sencillo conjeturar respecto a cifras de pobreza o desocupación, más difícil resulta prestar atención hacia las huellas imperceptibles que marcan nuestro devenir, algunas preocupaciones proponemos debatir.

                Nos aflige evidenciar que la táctica a partir de la cual defendemos a este Gobierno sea trasmitir a la sociedad, “para su tranquilidad”, que quienes vienen ganando con la recomposición del aparato productivo son principalmente los grupos económicos. Dicha reactivación que emergen en la post-convertibilidad, ahoga en titulares de diarios y televisión, de derecha o de izquierda, se menciona en los discursos del Poder Ejecutivo, lo afirma el pueblo, la dirigencia sindical y la militancia en su conjunto, todos reconocen en este proceso y en este Gobierno uno de los mejores momentos de la historia en materia de valorización y acumulación del capital.

                Justamente allí radica nuestra preocupación, como integrantes de un pueblo que anhela una sociedad más justa, de una militancia que -entendiendo la dificultad sobre la cual opera el Gobierno Nacional- sabe regular los tiempos de la demanda, pero que reconoce a pesar de la cautela al momento de exigir- sus ansias por avanzar hacia una distribución menos desigual. Convencidos que no es nuestro papel abocarnos a la tarea cuidadosa y cotidiana de fundamentar que, quienes son los principales beneficiarios de este modelo, sobre la base de la competitividad de un peso devaluado y un conjunto de variables que complementan esa rentabilidad deberían, “naturalmente”, acoger los lineamientos de este presente nacional.

                Cuando uno se interroga sobre el sentido de esta defensa del modelo, en base a las garantías que da de un inusitado caudal de utilidades, siente que aquí subyace otro rastro de derrota, otra distorsión equivocada, que es preciso desandar. Por qué motivos suponemos que la disputa es con el Estado simplemente, por qué creer que los ataques tienen como único blanco los recursos públicos, por qué admitir que la trifulca en determinado momento va a mermar. Por tomar un caso, el sector agropecuario, nos sumerge en la disputa de los derechos de exportación, en una herramienta de política económica para intervenir y equilibrar la estructura productiva con tipos de cambio diferenciales, que además de ser una fuente de ingresos fiscales, es un factor para ordenar las rentabilidades relativas del sector agropecuario y de cierta socialización de la estrepitosa renta de la tierra, cuya propiedad está altamente concentrada. Así mismo, una imprescindible herramienta para sostener una política de precios adecuada de bienes que se exportan y que definen también la canasta de alimentos de quienes vivimos aquí.

                En los tiempos de Perón las retenciones llegaron a comprometer el 80% de esa renta, por entonces, a diferencia de la actualidad, la confluencia de factores permitían ejercitar una presión para avanzar sobre esos intereses, condiciones materiales y voluntad política, más un nivel organizativo del pueblo trabajador que dirimía la dirección de una mejor distribución del ingreso y que se plasmaría en el mayor punto de distribución funcional del ingreso (el 50-50). Hoy, en lugar de expedirnos hacia el capital para disputar parte de esas jugosas ganancias, nos avocamos a convencerles de que es necesario seguir apostando en esta senda que los hace ganar. Si eso no implica hablar de una derrota cultural, creemos que resulta en parte algo similar. Se nos impulsa a tener que explicar que las retenciones no dirimen la supervivencia de los productores del campo privilegiado, y que para los pequeños y medianos debería desarrollarse una segmentación, entendiendo las diferencias intersectoriales y los grados diferenciales de rentabilidad. Por su carácter “políticamente correcto” se oculta parte de la verdad, siendo que los commodities se producen a escala, el pequeño productor ha dejado de ser un actor relevante, se vió obligado a renunciar a la actividad productiva o aparecer bajo el nuevo fenómeno del arrendamiento (cede su unidad productiva para que otro produzca con la tecnología suficiente). Por otra parte, grandes explotaciones que funcionan como unidad productiva se encuentran disgregadas en un conjunto de sociedades anónimas que pertenecen a un mismo tronco familiar tradicional, pero que en función de la herencia se dispuso como sociedades pequeñas disimulando parte del fenómeno de concentración de la tierra en nuestro país. De este modo que la atención se dirige hacia los pools de siembra, o hacia el problema de la extranjerización de la tierra, que si bien existen, no deberían ser los focos de atención principal.

                La situación respecto a la producción de soja, maíz, girasol y trigo marcará nuevo record histórico de ganancias para el sector, según estimación del Ministerio de Economía en base a la información de Márgenes Agropecuarios, será un 88 por ciento superior a los ingresos del año pasado, un 180 por ciento más que la de 2003/2004, un 301 por ciento mayor a la de 2001, superando en 87 millones de dólares el record de la cosecha 2006/2007. Más que pretender rebajar las retenciones deberíamos avanzar en su incremento, por la sencilla razón que se profundiza un modelo productivo inviable, del cual es necesario salir en forma paulatina. Reafirma su buen desempeño, el aumento en la venta de maquinaria agrícola de 40,7% para el segundo trimestre del año, respecto igual período del año 2009.

                Paradójicamente, y en línea con la profundización del proceso al que hacemos alusión, en este mismo sector, según estimaciones oficiales de la AFIP, se evade en impuesto a las ganancias no menos de 6500 millones de pesos. La presión tributaria resulta ser más complaciente que en el resto de los sectores económicos, además, teniendo en cuenta que de los 25 millones de hectáreas cuyo cultivo principal son las oleaginosas, una parte importante es arrendada, se agrega la estimación de evasión por parte de quienes cobran alquiler, unos 2500 millones de pesos más. Por lo cual, en total en los tres cultivos principales la evasión supera los 9000 millones de pesos. Así mismo, es el sector que menos participa en la recaudación del IVA, por los beneficios diferenciales el IVA devengado es de apenas un 3,5 %.

                A pesar del buen tiempo, el sector mostró en los últimos dos años un comportamiento inverso al del resto de la economía en lo referente a la evolución del empleo. Mientras que para el conjunto aumentó 0,5% en 2009 y aproximadamente 1,5% en el primer trimestre de 2010, el sector agropecuario muestra resultados negativos, cae el 1,5% respecto de 2008 y en el primer trimestre de este año vuelve a caer. En tiempos de bonanza, es la comprobación de la tendencia a la contratación irregular de personal, mientras el rubro Comercio en base a datos oficiales presenta una informalidad laboral del 30% y en Construcción del 40%, en la actividad agropecuaria se eleva a un 70% (Fuente: Indec, AFIP y el Renatre). De 70 mil productores registrados en la Oncca, menos de 10 mil declaran tener empleados a cargo, y el salario promedio del sector se estima en 2037 pesos, un 54 por ciento del salario promedio de toda la economía ($3763), para lo cual, la informalidad y la actitud pro-patronal de Gerónimo Venegas (UATRE) son aliados indiscutibles. Este comportamiento, del cual el Estado y la sociedad tiene conocimiento, lejos de ser un problema de las economías regionales, o de los pequeños productores de la periferia, tiene lugar principalmente en la “zona núcleo”, el área de cultivo de mayor rentabilidad por los altos márgenes de productividad, corazón sojero por excelencia, a kilómetros de la ciudad y el puerto.

                Sin embargo, el Grupo de los Seis (titulares de las principales cámaras: industria, bancos, construcción, comercio, bolsa y campo) da cuenta que su estrategia les permite avanzar en concesiones, y sobre todo en trasladar al conjunto de la sociedad algunos preconceptos que les permiten salir airosos de lo que podría llegar a significar un verdadero avance en la profundización del modelo. La cual no se dirime en función de los recursos públicos, sino más bien en regular y condicionar al capital para que los resultados asombrosos de la producción se distribuyan de manera más equitativa hacia el conjunto del pueblo. De ese modo, ellos coinciden en reclamar limitaciones a las demandas salariales, en sentenciar sobre la necesidad de brindarles mayor seguridad jurídica para decidir inversiones. La estrategia que juegan es, en función de las intenciones Kirchneristas de pretender de ellos un comportamiento racional como burguesía nacional, obtener condiciones más que favorables. Leales al comportamiento histórico desarrollado por estos sectores y unido a la transformación productiva de los '70 a la actualidad, nos obliga a abandonar dicho propósito, a aceptar de una vez y para siempre la inexistencia de una burguesía nacional. Reafirmación que se consolida por el comportamiento inherente de los grupos económicos locales y extranjeros. Pues en lo que respecta a fuga de capitales, en tan solo cuatro años representa unos 50 mil millones de dólares aproximadamente, según informa el Banco Central.

                A diferencia de la edad de oro del peronismo, donde la coincidencia entre burguesía y clase obrera eran componentes para la viabilidad de la actividad industrial, en tanto la lógica de valorización se asentaba sobre el consumo interno, y por lo tanto los salarios eran determinantes de la ecuación, la actualidad es muy distinta. El salario significa hoy un mero costo, sobre la base del cual se asienta la rentabilidad y donde el fin último de la actividad está puesto en la posibilidad de exportar, con niveles bajos, y a veces nulos, de valor agregado en la escala local.

                Las declaraciones públicas de Franco Macri (en detrimento de su propio hijo), así como la controversial declaración de Carlos P. Blaquier en el diario La Nación, dan cuenta que la estrategia que sustentan los sectores más beneficiados tienen un claro propósito: presionar para lograr posiciones más favorables y limitar cualquier pretensión radical de profundización de la inclusión social. Ellos, al igual que otro titular periodístico, hacen conciente y público el nivel de utilidades, lejos de asombrarnos días atrás, el reporte que Repsol-YPF está haciendo en remesas a España -en momentos de su mayor debacle económica- muestra cómo una empresa privatizada local sustenta a su casa matriz. Una empresa que fuera arrancada a nuestro pueblo, con cierta complicidad social fruto de la hegemonía lograda en base al terror, la hiperinflación, los medios y la corrupción.

                El caso de la Industria automotriz, cuyas terminales están desde hace tiempo subsidias por el Estado, son otro ejemplo elocuente a revisar, bajo el supuesto del intercambio de vehículos con Brasil superavitario para la Argentina, nos encontramos que el resultado -teniendo en cuenta importación en autopartes- muestra un margen deficitario anual que asciende a 3mil millones de dólares. Por lo tanto, para afirmar que en nuestro país se producen 500mil autos por año, hay que tener presente que se ensambla dicha cantidad. De modo que, los eslabonamientos productivos que se generan no son de las dimensiones esperadas para sustentar la función social de los subsidios, más aún cuando personajes de la calaña de Cristiano Rattazzi (Presidente de FIAT Argentina) se da el lujo de defenestrar al Gobierno aludiendo a una supuesta inseguridad jurídica en el plano local.

                Son visibles los esfuerzos que realiza el gobierno tendiente a alentar la inversión privada, exaltar los evidentes logros -desafiando el escepticismo mediático del sector privado- es uno de ellos. A esta altura deberíamos aceptar que conocen el comportamiento y las tendencias alcistas de su margen de ganancia, donde no solo cuentan con subsidios para el mantenimiento de puestos de trabajo (como el Programa de Recuperación Productiva o REPRO) sino que además se financian vía recursos de los trabajadores, a partir de que el Gobierno puso a disposición del sector privado una serie de herramientas como los créditos de la Anses y de bancos como el Nación y el BICE. En la misma línea se impulsó el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario y se diagramaron una serie de beneficios fiscales para que amplíen sus plantas fabriles. Por lo cual, la estrategia es más que clara, se adosan los beneficios, a la par que se cuestionan las intervenciones del Estado. Quienes acceden a esos recursos -lejos de ser PYMES con alto valor agregado- son los ya conocidos, los de siempre, los que sustentaron su poderío económico en base a la promoción industrial y otras alternativas estatales a lo largo de los últimos 30 años: Arcor (Pagani), Bagó (Sebastián Bagó), Fiat (Cristiano Rattazzi), Conarsa (Héctor Méndez); Ledesma (Federico Nicholson); etc. Su común denominador es la expansión de la actividad con destino a la exportación, donde la capacidad de generar empleo se reduce notablemente en relación al margen de inversión, así y todo siguen avanzando, y nuestra economía agudizando con ellos su carácter estructural altamente concentrado.

                Otro de los sectores que viene “juntando con pala”, y para el cual esperamos que prontamente haya una nueva ley de la democracia, es el sector financiero. Los bancos siguen batiendo récords de utilidades, en los últimos doce meses las ganancias del sistema fueron de 8975 millones de pesos, 88% más que en 2008 y un 410% superior al 2005 (BCRA). Incrementos que, en paralelo muestran una disminución de la participación del crédito sobre el PBI, siendo en la actualidad del 12 % (cuando en Brasil equivale al 45 % y en Chile al 80% del PBI). La banca privada en Argentina sólo destina el 38% de sus fondos a préstamos personales y de empresas; un 34% lo tiene invertido en bonos públicos y deuda, y el resto fondos líquidos. Las comisiones que cobra por servicios son cada vez más elevadas, aumentando la diferencia entre la tasa que pagan por el dinero y la que cobran por préstamo, los empleos bajaron de 57.023 a 56.517 durante los mismo años en que su utilidad creció un 212%.

Nuevamente un esquema es similar, sobre la base de la Ley de la dictadura, su capacidad de imposición en el mercado es producto de la concentración, de más de 400 bancos quedaron apenas 90, de los cuales doce manejan más del 50% de los depósitos y créditos. La falta de una legislación adecuada restringe toda posibilidad desde el Banco Central para avanzar en la democratización del acceso al crédito, así como una rebaja en la tasa de interés. A pesar de esta bonanza, la estrategia es la misma, golpear al Gobierno, en este caso, a quien está intentando equilibrar la política monetaria y puso empeño en orientar el crédito a sectores productivos: Mercedes Marco del Pont, la actual conducción del BCRA.

La contracara de este escenario es un conjunto de trabajadores segmentados, donde solo un 20% está sindicalizado, más del 40% trabaja en forma precaria y solo un 12% de los establecimientos tendría representación directa; y en una militancia más preocupada en explicar los logros que en debatir la salida hacia un proyecto de profundización de lo alcanzado. Si bien el escenario es favorable para reconstruir la participación política, el debate, retomar herramientas de negociación salarial, la base del modelo continúa atada a la existencia de salarios bajos.

 Es necesario reconstruir y acumular un capital social que haga posible presionar para el logro de transformaciones sustanciales en distribución del excedente. De manera tal que las negociaciones del salario, así como la obtención del 82% móvil, no se visualicen como responsabilidad financiera del Estado, sino como la base para recomponer ciertas reglas que direccionen parte de los beneficios del Capital hacia la sociedad en su conjunto, incrementando por ejemplo- los aportes patronales que fueron recortados en tiempo de crisis bajo la convertibilidad. Para esto, no alcanza con la buena voluntad o la decisión política de los Kirchner, sino que es necesario reconstruir una base social con conciencia crítica, informada, que pueda desde una visión global de la economía definir los nudos problemáticos sobre los cual ahondar y tener la capacidad de direccionar hacía allí la movilización.

Cada vez que hay una negociación salarial triunfa la falsa idea de un espiral inflacionario, desde la concepción liberal la inflación se supone como una saturación de demanda o consumo, en un marco en el cual la expansión de la oferta se ve condicionada por la incapacidad de ampliar la producción. Lejos de ser cierta esta definición, el capitalismo invierte en la medida que encuentra tasas de rentabilidad. En la actualidad, el nivel de concentración de los diferentes mercados, permiten definir el nivel de precios arbitrariamente, y la posibilidad de incidir en el grado oligopólico de la economía necesita de más herramientas que las que pueda lograr un funcionario -por más brillante que sea- en controlar la subas de precios. Algunos ejemplos que podemos citar: el Complejo lácteo 7 compañías -en las que se destacan Sancor y La Serenisima- controlan el 80% del mercado; en Aceites refinados un 90% del mercado es controlado por 6 empresas -liderada por Molinos Río de la Plata y AGD; en panificación Fargo, Bimbo y La Veneziana acumulan el 85% de las ventas; en galletitas la francesa Danone (Bagley), la estadounidense Nabisco (Terrabusi, Maico, Capri, Canale) y Arcor, concentran el 80% del mercado, y esto se repite con idéntica estructura para el conjunto de sectores o rama de actividad.

El gobierno argentino adoptó un conjunto muy amplio de medidas contra-cíclicas en el marco de la crisis internacional, quizás llego la hora de comenzar a transitar el mayor desafío con perspectiva en el largo plazo, promover un cambio más profundo en la estructura productiva del país que permita sostener un modelo sin el corsé del nivel de los precios internacionales de los commodities. Consolidar un crecimiento en las ramas de actividad capaces de generar ventajas comparativas dinámicas, con encadenamientos virtuosos, fomentando la innovación y la investigación, alentando el desarrollo en sectores con orientación exportadora pero con trabajo intensivo y calificado. A partir del cambio estructural y el progreso técnico, podrán resolverse los problemas distributivos a mediano y largo plazo, sobre la base de apropiación de renta, cobro de impuesto a las ganancias, su ampliación a sectores eximidos, haciendo valer las garantías jurídicas -que algunos osados pretenden cuestionar- de perseguir la evasión, de incrementar los derechos de exportación, de reestructurar el sistema impositivo regresivo.

Es imprescindible avanzar sobre esas rentas, para esto primero hay que hacer propias las reivindicaciones, reconstruir una militancia y una base organizativa sindical que se aleje de reproducir lógicas de partidocracia liberal, de sectarismo “plural”, de acumulación individual, que se libere de esas huellas profundas e imperceptibles que nos constituyen en base a una historia de la cual formamos parte. En un marco de reactivación y recomposición de la negociación salarial y los convenios colectivos de trabajo, difícilmente se pueda avanzar en la participación salarial sin considerar que es preciso reactivar la organización de clase, no profundizar la militancia orientada solo hacia lo territorial, evitando que los barrios desdibujen la importancia central de la disputa que representa la oposición entre el trabajo y el capital.-