por laura alcoba
El Consenso de Washington (1989) consistió en la elaboración de un programa político-económico impulsado por los organismos financieros internacionales y grupos económicos, a implementar en los países de América Latina.
Un listado de diez puntos, resumían los lineamientos a imprimir en los destinos de nuestro país, a costa del sacrificio y sufrimiento de millones de argentinos. La disciplina fiscal, el reordenamiento en las prioridades del gasto público, la reforma impositiva, la liberalización de las tasas de interés, la liberalización del comercio internacional y de la entrada de inversiones extranjeras, las privatizaciones, la desregulación de la economía, fueron los aspectos más relevantes de ese “pacto con el diablo”.
Este modelo que se corporizó en la Argentina con la instauración de La Convertibilidad, implicó un sometimiento garrafal al endeudamiento externo, en función de respaldar la ficticia paridad peso-dólar en la plaza local, poniendo de rodillas al gobierno seudo-nacional. Esta subordinación, consentida por la dirigencia política local, se tradujo en la instauración de un Estado paralelo con sede en los centros financieros, que definió las medidas político-económicas, el presupuesto, el gasto público, las prioridades y a los beneficiarios de la riqueza nacional.
Las consecuencias de esta política no son necesarias leerlas en ningún ejemplar, los argentinos vivimos, al promediar la década del '90, las consecuencias más crudas del modelo neoliberal, con 42 meses de recesión económica, la caída abrupta de la actividad industrial, un 20% de la población desempleada y una pobreza que alcanzó a más del 40% de los habitantes de nuestro pueblo.
En un escenario sin ningún reparo, a merced del poder financiero internacional, cada apuesta de los fondos buitres de inversión repercutía drásticamente en la economía local. Los casos relevantes fueron: el efecto tequila (1994), la crisis asiática (1997), el colapso de la deuda rusa (1998) y la crisis de balanza de pagos en Brasil (1999).
No está de más aclarar, que estos hechos no formaban parte de desajustes de un sistema, de un cortocircuito en el buen desempeño de un modelo, sino que representaban el engranaje mismo para la realización de la tasa de ganancia, en función de la especulación financiera, entrando y saliendo libremente de la frontera local, favoreciéndose de las tasas de interés que se disparaban en las economías más frágiles dependientes del endeudamiento externo para subsistir, a la vez que desatendían las consecuencias sociales en su volar de “cínicas golondrinas”.
Las visitas del FMI se convertían en parte del paisaje, desembarcaban con un listado de obligaciones a realizar sin chistar. Desde la privatización de las empresas e industrias del Estado, pasando por el des-financiamiento de salud, educación y coparticipación a las provincias, la baja en los salarios de empleados públicos, de jubilaciones y pensiones, la fijación de un tipo de cambio que determinaría el pulso de la actividad productiva, condicionaba la capacidad de empleo enbargando el bienestar de la población. El cinismo finalizaba presentando las medidas como el medio único de crecimiento y vanagloriándose del supuesto rédito de posicionar a nuestro país en el mundo.
La solución a la crisis de comienzo de siglo, no ahondaría en un cambio de estrategia, sino en profundizar -en supuesto beneficio de las mayorías- la reducción de los subsidios gubernamentales al desempleo, imponer una caída del salario público y jubilaciones en un 13%, reducir los beneficios laborales mediante la ley de flexibilización laboral, desviar la inversión pública (mal llamada gasto público) a garantizar el pago a los acreedores externos, permitir la huída de los grandes especuladores, y habilitar el robo de pequeños ahorros.
Este modelo de país garantizaba como sea la propiedad del Capital Financiero, aún cuando para ellos fuese necesario llenar de balas a los ciudadanos argentinos, privados hasta de su mesa familiar. La lista de víctimas alcanzaba a millones cuando de pobreza y desempleo referimos; pero tamaña injusticia solo se logra a costa de sangre, donde muchos perdieron su vida en calles y rutas del país: Aníbal Verón, Carlos Santillán, Oscar Barrios, Darío y Maxi, Teresa Rodríguez, Pocho Lopreti, los 27 caídos en la pueblada del 19 y 20 y muchos más, compañeros para nosotros, recursos excedentes para el capital.
Podemos decir que el modelo neoliberal, basado en El Consenso de Washington y en la creencia de que es posible la generación de riqueza sin producción, llegó a su fin. Muchos países de nuestro continente optaron por otras estrategias, que aún siendo incipientes, vislumbran ya un devenir distinto. A lo largo de estos años, proyectos nacionales y populares se apoyan en priorizar la inclusión, recuperando la producción y el empleo, fortaleciendo un Estado que opera limitando el mercado o favoreciendo equilibrios, que despliega recursos y políticas públicas en función de recomponer la situación social excluyente a la que obligaron los organismos de crédito y sus cómplices locales.
Más allá de las experiencias de nuestro continente, la crisis alcanzó en estos meses al corazón mismo del sistema financiero, poniendo sobre la mesa la inviabilidad de un modelo que no genera riqueza con producción y trabajo, que nos condena al fatalismo de sostener la teoría del fin del trabajo, de la necesidad de eliminar a un porcentaje excedente de población inempleable.
Ante esta crisis mundial, que nos encuentra con una economía más fortalecida, desligada de la especulación, que se financia con recursos propios, vemos que es posible apostar a otra cosa, sin negar el nivel de dependencia que genera la economía globalizada. En ese marco, las medidas anunciadas estas semanas por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cobran otra significancia, no apelanlya enfriamiento de la economía, ni a bajar el gasto público o a reducir el salario, sino por el contrario.
La reestatización de las AFJP significa, además de salvaguardar los aportes jubilatorios, contar con fondos de ahorro público para llevar adelante una serie de medidas, entre las que se destacan: un plan destinado a reactivar el nivel de actividad y consumo, inyectando 13.200 millones de pesos en diferentes sectores de la economía, destinados a PYMES por vía del Banco Nación.
Por otra parte, se anunció una inversión en obra pública de 71 mil millones de pesos, destinado a obras estructurales (gasoductos e hidroeléctricas) como a obras licitadas mediante los gobiernos provinciales y municipios, favoreciendo el desarrollo de la actividad en las economías regionales.
Estas medidas -de Keynes para acá- se sabe generan efectos directos en la expansión de valor agregado, la ganancia empresaria, los ingresos fiscales y, lo que es más importante, en la creación de puestos de trabajo.
El conjunto de políticas destinadas a fortalecer y dinamizar la actividad productiva, se complementan con el aliento a la repatriación de fondos en el exterior de residentes locales destinado a la inversión, estímulos concretos para impulsar el blanqueo de personal en PYMES y la creación de un Ministerio de Producción, donde se articulan diferentes organismos volcados a la investigación, promoción y asistencia al desarrollo de la actividad económica.
Por todo esto, desde La Corriente Política 17 de agosto podemos seguir sosteniendo que es necesario defender a este gobierno y profundizar el proceso, distinguiendo aquellas acciones que fortalecen la matriz productiva, la generación de empleo y el bienestar de los pueblos. A la vez que, seguiremos construyendo organización para la construcción del poder popular, para expulsar la mezquinad liberal y hacer realidad el sueño de un continente nacional, popular y revolucionario.
1.- Se estima que el Sistema Privado de jubilaciones y pensiones en México es similar a las AFJP- perdieron a raíz de la crisis y la especulación a la que apelan este tipo de empresas, un 60% de los aportes.
2.- A lo que se agrega una inversión previa en préstamos de igual modo 6.100 millones.
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