Rosario - la ciudad detráz de la marca

Por Patricia Ventrici

Rosario tiene muchas caras y, sobre todo, contiene muchas 

ciudades dentro de la ciudad famosa por ser la reina 

exportadora de soja y aceite, la cuidad estrella de 

la pampa húmeda en el auge agroexportador. La gestión del 

territorio y el planeamiento urbano de los últimos años desnuda descarnadamente los contrastes, cada vez más acentuados e invisibilizados, de una ciudad que crece mucho, para muy pocos.

Desde sus comienzos, la gestión socialista impulsó como unas de sus prioridades de gobierno el desarrollo de políticas de planificación estratégica urbana inspiradas fundamentalmente en experiencias de ciudades europeas y que perseguían el ambicioso propósito de revertir la imagen de la miseria rosarina del 2001, trocándola por una impronta de renacimiento, modernización y prosperidad. Esta tarea se enuncia en el Plan Estratégico Rosario como la construcción de una marca de ciudad, es decir, una figura emblemática que permita que el nombre de la ciudad se convierta en una “denominación  que dispare de inmediato una serie de asociaciones, imágenes y hasta sensaciones que construyan identidad” (PER).

La elaboración y difusión de esta marca está pensada para ser proyectada fundamentalmente hacia el exterior y con un objetivo por demás concreto: atraer inversiones que le cambien la cara al espacio urbano reforzando la pretendida versión cosmopolita de Rosario. Bajo este marco, efectivamente, la ciudad se posicionó como un importantísimo polo de atracción de las inversiones provenientes del excedente de los agronegocios de las zonas linderas, que principalmente se orientaron a la construcción de viviendas dando lugar al llamado boom de los últimos largos años. Esta euforia constructora, lejos de contribuir a aliviar las graves carencias en materia habitacional, viene potenciando aceleradamente un modelo de concentración del suelo y la vivienda y de privatización de la ciudad, instalando a Rosario como una verdadera cuidad-negocio, emblema de la especulación inmobiliaria.

Los números del boom. Casas sin gente y gente sin casa.

Según informan las cifras oficiales, en los últimos diez años se levantó en Rosario la exorbitante cantidad de 4 millones de m2 en construcción, con más de 10 mil permisos de edificación otorgados, que resultaron en la incorporación de 50 mil nuevas unidades para vivienda. La mayoría de estos emprendimientos se concentra en un área reducida, la más cotizada, ubicada en el centro de la ciudad (delimitada por las avenidas Oroño, Pellegrini y el río Paraná).

El análisis combinado de la evolución desregulada del boom con el estado de situación de la problemática habitacional en la ciudad evidencia un panorama sencillamente obsceno: más casas sin gente que gente sin casa. Para ser bien concretos, de a acuerdo a las cifras que difunde el propio gobierno socialista, existen en el departamento de Rosario 50 mil familias con déficit habitacional a la vez que se registran 80 mil viviendas deshabitadas sobre un total de 435 mil, es decir que casi el 20% del total de las unidades habitacionales están desocupadas, la mayoría de ellas cumpliendo su uso de confiable reserva de valor del ahorro sojero.

Los números del boom son el reflejo de un crecimiento inequitativo y concentrado en una provincia que además ranquea tristemente entre las provincias con mayores índices de indigencia del país y despunta como las más desigual de la región pampeana.

Un cálculo rápido y a grandes trazos arroja otro retrato rotundo de la desigualdad. Según el Colegio de Arquitectos de Rosario, si a las cerca de 35 mil familias que viven en asentamientos precarios se suma quienes viven en casas colectivas, en situaciones de hacinamiento o mal estado, junto a la clase media que no puede acceder a la vivienda propia, se llega finalmente a la cifra que marca el Censo: con esos 80 mil techos actualmente desocupados se cubriría todo el déficit habitacional de la ciudad.

La ciudad de lujo: la privatización de la costa norte y las periferias.

Junto con los departamentos caros y ociosos del centro, el capital inmobiliario avanza a pasos agigantados sobre, quizás, los dos procesos más emblemáticos de la cuidad para pocos: la puertomaderización de la costanera norte y la expansión de los barrios cerrados en las periferias de la ciudad.

La costa norte de la cuidad se convirtió en los últimos años en un enclave privilegiado de mega proyectos inmobiliarios ultra exclusivos, que fundamentalmente construyen complejos de edificios de alta gama, con la tan ansiada vista al río garantizada en departamentos de 3 mil dólares el m2. Entre los más renombrados proyectos de Puerto Norte (algunos ya avanzaron en la construcción de varias torres) se encuentran, Ciudad Ribera (8 edificios), Forum (11 edificios) y la estrella: el complejo Maui (dos torres de 44 pisos cada una y un hotel cinco estrellas de una cadena internacional) que además de los tradicionales servicios de lujo contará, como dato distintivo, con espacios verdes similares a la isla de Hawaii en la cual se inspira su nombre y con el primer “club de agua” de Argentina.
Paralelo y en sintonía con este proceso se extiende la virtual privatización de buena parte de la periferia, con más de 30 urbanizaciones cerradas ya construidas en diferentes localidades aledañas como Funes, Roldán, Pueblo Esther, etc.

En la concreción de buena parte de estos mega proyectos el Estado ha jugado un rol promotor clave. A través del denominado Plan Urbano 2007- 2017, el gobierno socialista en la ciudad ha puesto en marcha una suerte de teoría del derrame en clave inmobiliaria, cristalizada en la figura de los llamados Convenios Público- Privado. Esta articulación supone una suerte de intercambio, en el cual, el Estado brinda su anuencia (y muchas veces una serie de “facilidades”) a la inversión a cambio de que el proyecto privado destine una cierta cantidad de recursos a la construcción o mejoramiento de espacios públicos, obligación que, demás está decir, se cumple lenta y escasamente. Bajo este tipo de articulación (que en la gestión Lifschitz generaron inversiones por 360 millones de pesos) se llevó adelante, por ejemplo, la construcción de los complejos de Puerto Norte y del Casino City Center Rosario, emplazado a metros de una de las villas más grandes de la ciudad.

En el caso de las periferias, la complicidad estatal con los grandes inversionistas es todavía más preocupante en la medida en que entra en juego un mecanismo por el cual el Estado opera garantizando la especulación: los privados compran a precios irrisorios tierras no urbanizables, el Estado las mejora y valoriza a través de la obra pública por lo cual cambia su categoría y posteriormente permite que en esas mismas tierras se desarrollen emprendimientos inmobiliarios de lujo, aún a costa de tener que desalojar a asentamientos enteros instalados desde hace años en esos terrenos. Al mismo tiempo, la sostenida desinversión en materia de obra pública e infraestructura por parte del Estado provincial y municipal naturalmente acentúa la brecha de la desigualdad habitacional.

Precisamente a raíz de estos desalojos en las periferias, en particular y del agravamiento de la situación habitacional en general, vienen tomando fuerza y visibilidad las acciones de resistencia desde los barrios a esta política de planeamiento urbano; una disputa hace tiempo latente, pero cada vez más potente que pone en cuestión la idea de la Rosario floreciente y armónica que en buena medida el socialismo ha conseguido instalar en el resto del país.

Así las cosas, la prosperidad sojera gestionada en función de la marca socialista está reconfigurando a Rosario como una ciudad cada vez más contrastante: mientras siguen construyéndose miles y miles de departamentos lujosos y countries, los asentamientos precarios crecen en toda la ciudad. Desigualdad, marca registrada.