por Natalia Belmont / Corriente Política 17 de Agosto
“la justicia es una víbora que
sólo muerde el pie
descalzo”
(Refrán popular)
La apertura del
debate en torno a la democratización de la justicia generó que un sector de la sociedad respondiera
masivamentea la convocatoria del “Encuentro por una Justicia Legitima” con un fuerte
sentido de oportunidad histórica, auspiciado por la voluntad política
demostrada por nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso
de apertura de las sesiones del Congreso nacional.
Ese anuncio también dejó
en evidencia la existencia de dos bloques al interior del Poder Judicial, uno
corporativo y conservador, que reclama “independencia de la Justicia”, en
defensa de los intereses y privilegios de clase de los jueces, y otro que ha
llamado la atención sobre la necesidad de que el Poder Judicial recupere la
legitimidad perdida en años de aislamiento, brindando un servicio adecuado a
las necesidades de nuestro pueblo así como también asuma su responsabilidad
política en el desarrollo de una sociedad
inclusiva y democrática.
Nuestra mirada es que
el Poder Judicial es una rama de gobierno, que interpreta leyes que son
políticas y por lo tanto sus decisiones tienen consecuencias políticas y
sociales. En nuestro ver, los jueces gobiernan pero sin estar legitimados por
el voto popular. Más bien protegen los intereses sectoriales de los grupos
concentrados de poder que pugnan por mantener sus privilegios, tal como se
observó en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En este sentido, es
la historia la que vincula al Poder Judicial con la aristocracia, pues ha sido
pensado como un gobierno contra-mayoritario que limita el avance de las
mayorías en el sistema democrático.El hecho de que leyes votadas por el Congreso
sean frenadas por algunos jueces, en connivencia con grupos económicos
concentrados de poder, remite a esa raíz contra-mayoritaria.
En este marco, los proyectos
presentados por el Gobierno Nacional inauguran un debate necesario para
profundizar el proceso político actual al poner en la agenda política al poder del
Estado más sectario, críptico y elitista.
En esta línea se inscribe la democratización del acceso al poder judicial para
que cualquier ciudadano pueda ingresar a trabajar a través de un sistema de
concurso y sorteo público implica romper con uno de los privilegios más fuertes
de la aristocrática familia judicial, que cuenta además con un régimen de
trabajo de seis horas diarias, un mes y medio de vacaciones, exenciones
impositivas, buenos sueldos y jubilaciones superiores.
La participación
popular en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura (el
órgano multisectorial encargado de elaborar las ternas de candidatos a jueces
nacionales y federales, así como de removerlos) inaugurará el protagonismo de
la ciudadanía en la discusión y decisión sobre los jueces que necesitamos para
construir una sociedad democrática.
Por su parte, el
registro de causas permitirá dar publicidad a los actos de la Corte Suprema pararomper
con la cultura del secreto que rodea el trabajo del máximo tribunal en cuyos
despachos se apilan muchas causas sin sentencia.
También la
transparencia respecto del patrimonio de los jueces es una medida que iguala a
estos con el resto de los mortales en funciones públicas.
En cambio, habrá que
observar con más atención la regulación procesal sobre medidas cautelares
contra el Estadoa fin de evitar que la reforma perjudique el acceso a la
justicia de las personas en situación de vulnerabilidad que acuden a los
estrados judiciales para reclamar derechos sociales y económicos.
Así como también,
atender a que la creación de Cámaras Federales de Casación si bien alivianará
la cantidad de causas que llevan a la Corte, tambiénpuede conllevar a un
sensible aumento del tiempo de los procesos, implicando un retardo de justicia
para los ciudadanos.
Próximamente se
cumplirán 10 años de aquel 25 de mayo de 2003 en el que vimos asumir al
Presidente Néstor Kirchner. Aquella fecha inauguró una década que, en materia
de justicia, logró renovar la Corte Suprema, poniendo fin a la mayoría
automática que convalidó las políticas neoliberales de los 90’, así como
también la realización de los juicios contra los genocidas de la dictadura
cívico- militar, un proceso histórico que cristalizó la lucha de 30 años del
pueblo argentino.
En este sentido, los proyectos
mencionados significan un paso adelante, pero también dan cuenta de que es
necesario avanzar con los problemas de fondo que hacen a las cuestiones más
sensibles a nuestro pueblo, como ser la posibilidad de contar con instrumentos
concretos para acceder a instancias judiciales y alternativas que le permitan
resolver eficazmente sus conflictos.
Ello implicaría
reducir las barreras actuales que impiden el acceso a la justicia
(centralización territorial, costos, mora en la toma de decisiones, alta
burocratización) y también la modificación de las circunstancias de tipo
cultural y organizacional del servicio de justicia que actualmente expulsan a
quienes se acercan en procura del reconocimiento de un derecho.
Es que en buena medidapara
que la justicia sea más legítimael cambio requerirá que
quienes componen el poder judicial aprendan a incorporar dentro de su cultura
de trabajo, el hecho de que brindan un servicio público.
Por eso, resulta
imprescindible seguir avanzando con la democratización del Poder Judicial, incorporar
al debate a la ciudadanía en miras a mejorar la calidad de esa institución
desde la perspectiva de las necesidades de sus usuarios y del acceso a la
justicia,así como promover una Justicia más igualitaria, que rompa con la
justicia penal para los pobres y la civil para los ricos.
Estamos convencidos de
que avanzar hacia una justicia social y legítima es profundizar el proceso
actualen el marco nacional y regional. Porque, en definitiva, un poder judicial
democrático será aquel que pueda incorporar la ampliación de derechos
conquistados a través de las luchas sociales y, con su práctica, actuar
distribuyendo poder al interior de la sociedad.
3 comentarios:
Si pero no se puede ignorar que el perjuicio de las nuevas camadas de casacion y de la limitacion de los recursos de amparo producirán a los trabajadores y gente común sera en lo concreto peor que los beneficios de mejores formas que se impulsan. Si se aprueba sin corregir esas dos casas la reforma sera mala en general.
gracias por tu comentario. En realidad las nuevas camaras de casación pueden dar lugar a una jurisprudencia más favorable, en particular en fueros como el civil y comercial coptados por el sector mas conservador de la justicia. Respecto de las cautelares cabe destacar las modificaciones que se hicieron al proyecto. En este sentido, el regimen de cautelares no se aplicara cuando se trate de sectores socialmente vulnerables y también se agregó un párrafo en el que se resguarda el derecho de huelga de los trabajadores, sobre el cual no podrá interponerse una medida cautelar. saludos. Natalia
Tu analisis sobre que las nuevas camaras de casación pueden hacer una nueva docrina positiva e, es optimista, puede ser como puede no serlo. LO cierto es que en ese punto es claro que una nueva instancia agrega mas tiempo y no evitara las apelaciones a la corte salvo que la parte debil se canse. Pero admitamos que pueden hacer una nueva doctrina, como tambien la podria hacer la corte o "fallos plenarios" creo. Ese primer punto me parece negativo y claro. El segundo los amparos/cautelares, que se agregó el termino vulnerables, puede ser, tambien es sujeto a interpretación. es cierto Clatin u otro gran grupo no es vulnerable. ahora bien un sindicato, una asamblea antiminera, un grupo de personas que quiene frenar una privatización, un trabajador delegado que exije su restitucion en su lugar, o los vecinos de caballito que quieren frenar las torres ¿son vulnerables? ojalá. Lo del consejo de magistratura me parece mas confuso desde una perspectiva transformadora, para los que no amamos el sistema tal cual es defenderlo o sacralizarlo es una contradicción y los jueces no son ni seran independientes, es tema es de quien dependen. Aunque quien como nombra y destituye los jueces no parece un tema menor. Personalmente no son amigo de los partidos políticos liberales, (todos los que existen hoy lo son) por lo tanto no me puede parecer simpático que los jueces concurran en las listas de los mismos (no se que jueces deberan hacer eso) aunque quizas balnquee su dependencia y listo. jaja Ahora bien. los demás puntos son mas sencillos y pueden ser positivos, aunque sindicalistas de diversas tendencias me han asegurado que el artículo XXX (no recuerdo cual) restringe el derecho de huelga en un sentido muy similar al que Macri proponía para el subte. ¿eso es así? Nosotros creemos que hay que encontrar el balance entre lo bueno y lo malo de medidas que tiene ambas cosas en difernete proporcion y alli ir fijando posición. Sin embargo una medida popular debió haber mucho mas corto, barato y sencillo el acceso a la justicia a los vulnerables y demas personas de a pie. No se, gratuidad de los trámites, mas y mejores juzgados y personal que hagan posibles tiempos mas acotados. Un sistema de abogados destinado a representar legalmente a los vulnerables. Una especie de tribunal cosntitucional seleccionado de laguna forma que se encargue de la constitucionalidad de las leyes (bueno eso requeriria una reforma constitucional que no estria mal). Reafirmar la filosofia que en 1944 riguio la fundación del fuero laboral. etc.
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